(untitled) (Revista del Instituto Español de Estudios Estratégicos, 2024)
La expansión de la soberanía de los Estados más allá de su mar territorial es cada día más atractiva a tenor de las mejoras tecnológicas y la reducción de los costes de explotación de espacios marítimos alejados de la costa. Los cuatro convenios firmados en la primera conferencia de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar de 1958 y la Convención de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar de 1982, son la base jurídica para la delimitación de estos espacios, divididos atendiendo al grado de soberanía que los Estados ejercen sobre ellos. Uno de los espacios más debatidos es el de la plataforma continental, establecida hasta un máximo de 200 millas náuticas desde el límite del mar territorial. Aquellos Estados ribereños cuyas plataformas continentales cumplan ciertos requisitos pueden solicitar la extensión de su plataforma hasta las 350 millas náuticas, conocida como plataforma ampliada. La plataforma continental proyectada por España en el Atlántico no es ajena a estos requisitos, por lo que el Estado español ha realizado tres solicitudes de ampliación: en el Mar Céltico y Golfo de Vizcaya, que comprende el área FISU; en Galicia y el Área de Interés Común con Portugal; y en las aguas adyacentes a Canarias.